«España entera es una banda criminal que un día va a ser desarticulada». No recuerdo quien dijo esta frase, que leí en un foro sobre seguridad en la red, que hablaba de las tropelías de la SGAE.
En España las leyes son una cosa «relativa», por decirlo de algún modo. Mi abuela suele decir que «hecha la ley, hecha la trampa», aunque lo cierto es que en este pais lo normal es saltarse las leyes «a la torera» sin ningún remordimiento.
Lo curioso es que esta actitud «relativista» llega hasta las personas que deben ejecutar e imponer la ley: la administración y los jueces, que también se erigen en legisladores cuando les parece oportuno.
Son muchos los casos en los que esto ocurre, pero ahora mismo yo estoy pensando en las trabas y problemas que suelen tener las personas transexuales a la hora de hacer el cambio de nombre y sexo legal.
Teóricamente, el proceso es sencillo. Basta con personarse en el registro con la solicitud pertinente y los papeles que demuestran que la persona cumple con los requesitos exigidos por la ley para que se comience el proceso, que debería terminar con la expedición de una nueva partida de nacimiento. La realidad es que hay jueces que exigen a la persona que acredite que se ha sometido a tratamientos médicos que hoy en día no son necesarios para hacer el cambio de sexo legal, como, por ejemplo, la masectomía o la cirujía de reasignación sexual, llegando incluso a exigir a la persona que se presente ante el médico forense y se desnude ante él para demostrar lo hombre o mujer que es (al parecer esta es una práctica habitual en los registros civiles de Barcelona).
También puede ocurrir que, a la hora de ir a reexpedir los documentos necesarios con tu nuevo y flamante nombre te encuentres con que el funcionario listillo de turno quiera hacerte pagar las tasas correspondientes a la reexpedición. Según la ley, cuando hay que reexpedor documentos por causas ajenas al intersado, no es necesario volver a pagar las tasas, y la ley de Identidad de Género lo vuelve a especificar, por si no había quedado claro. Pero no es raro encontrarse con que al ir a sacar el nuevo carnet de conducir, el nuevo pasaporte, los nuevos títulos académicos, etc, un funcionario listillo te diga que para eso sí que necesitas volver a pagar las tasas, ya que el cambio de nombre es un cambio realizado «por gusto».
A mi me gustaría saber qué entienden ellos que es hacer las cosas «por gusto».
La cuestión es que parece ser que los jueces no se han enterado aún de que se encuentran «sometidos al imperio de la ley», ni los funcionarios de que «la administración pública sirve con objetividad los intereses generales». Algunos activistas, como Carla Antonelli o Marta Salvans ya están intentando hacerse oir para que las cosas cambien, pero la voz de las personas transexuales no suena muy alto y todo lo que proviene de ellas (de nosotros) suele verse como la explicación de una situación curiosa y excepcional que realmente no es un problema de alcance general. Luego, cuando los jueces siguen haciendo lo que les sale de los huevos (con perdón de la expresión) en otros campos, todos se indignan y se sorprenden, como si fuera algo nuevo y nunca visto.
Aquí dejo un enlaces sobre el tema de las irregularidades en los registros:
Transexuales acusan a jueces de incumplir la Ley y condenarles a ejercer la prostitución.
Y aquí un video de Carla Antonelli en «La noria» en el que aprovecha la oportunidad de salir en la tele unos minutos para comunicar esta situación. No tuvo mucho tiempo, ni tampoco muchas oportunidades, pues en seguida otros participantes del debate le quitaron la palabra, pero menos es nada.
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